DACA y la protección de los desafíos legales
La administración Biden finalizó el miércoles una regla para transformar la política de inmigración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para más de 600,000 de los llamados “Dreamers” en una regulación federal, una medida destinada a proteger el programa de los desafíos legales que ponen en peligro su existencia. .
La regla de 453 páginas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entrará en vigencia el 31 de octubre y codificará el programa de la era de Obama, que se ha regido por un memorando de 2012 durante una década, en el código de conducta del gobierno federal. reglamentos
Desde sus inicios, DACA ha permitido que cientos de miles de inmigrantes no autorizados que llegaron a los EE. UU. cuando eran niños vivan y trabajen en el país legalmente sin temor a la deportación. Al 31 de marzo, 611,270 inmigrantes estaban inscritos en DACA, según muestran datos del gobierno.
Si bien es de naturaleza técnica, el cambio anunciado el miércoles está diseñado para abordar algunos de los desafíos legales liderados por los republicanos contra DACA, que un juez federal en Texas cerró el año pasado a nuevos solicitantes.
A diferencia del memorando del DHS de 2012 que creó DACA, la nueva regulación se sometió a un proceso de elaboración de reglas de meses de duración que estuvo abierto a comentarios del público, pasos que el juez federal en Texas dijo que la administración de Obama debería haber tomado antes de implementar la política.
“Hoy estamos dando un paso más para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar y fortalecer DACA, un programa extraordinario que ha transformado la vida de tantos Dreamers”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado a CBS News. “Gracias a DACA, nos hemos enriquecido con jóvenes que aportan tanto a nuestras comunidades y a nuestro país”.
La regulación mantendrá las reglas de elegibilidad de larga data para DACA, que incluyen requisitos para que los solicitantes demuestren que llegaron a los EE. UU. antes de los 16 años y antes de junio de 2007; estudió en una escuela de los EE. UU. o sirvió en el ejército; y carecer de antecedentes penales graves.
Los beneficiarios de DACA seguirán siendo elegibles para la autorización de trabajo bajo la nueva regla, y también se considerará que están “legalmente presentes” en los EE. UU. a los efectos de otras solicitudes de inmigración.
Sin embargo, incluso con la regulación, DACA permanecerá en peligro legal. El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Andrew Hanen, quien cerró DACA a los solicitantes por primera vez en julio de 2021, dictaminó que la política en sí misma viola la ley federal de inmigración, como lo han argumentado Texas y otros estados liderados por republicanos en una demanda.
Se espera que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que celebró una audiencia en julio sobre la apelación del gobierno de Biden al fallo de Hanen, emita una opinión sobre la legalidad de DACA más adelante este año. Se espera que la corte de apelaciones de tendencia conservadora se ponga del lado de los funcionarios estatales republicanos que argumentan que DACA es ilegal. La administración Biden podría apelar tal decisión ante la Corte Suprema.
El litigio en curso podría mantener DACA cerrado a los nuevos solicitantes e incluso conducir a su terminación completa, un escenario que impediría a los beneficiarios del programa trabajar legalmente en los EE. UU. y los haría elegibles para la deportación, aunque probablemente no tendrían prioridad para el arresto bajo Administración Biden.
Tal resultado también reavivaría los esfuerzos legislativos para colocar a los beneficiarios de DACA en el camino hacia la ciudadanía estadounidense. A pesar del apoyo bipartidista a los Dreamers, el Congreso ha fallado repetidamente en crear ese camino en medio de más de 20 años de estancamiento por otros asuntos de inmigración, incluida la política fronteriza de EE. UU.
El hecho de que el Congreso no aprobara estas propuestas denominadas “Ley de Dreamers” llevó a la administración Obama en 2012 a crear DACA, que utiliza una política de inmigración de larga data conocida como “acción diferida” para proteger a los beneficiarios de la deportación y hacerlos elegibles para la autorización de trabajo.
La administración del expresidente Donald Trump intentó terminar y reducir DACA, calificándolo de ilegal. Sin embargo, sus esfuerzos fueron detenidos por los tribunales federales, incluida la Corte Suprema, que en junio de 2020 dijo que los funcionarios no habían seguido los procedimientos adecuados para terminar el programa.
Un funcionario del DHS dijo que la administración de Biden continuará defendiendo a DACA de las demandas. En caso de otro fallo judicial adverso, la administración “evaluará nuestra respuesta y nuestras opciones para continuar protegiendo el programa”, agregó el funcionario.
En un comunicado el miércoles, el presidente Biden instó a los legisladores a legalizar a los Dreamers, calificándolos de “parte del tejido de esta nación”.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los Dreamers, pero los republicanos del Congreso deberían dejar de bloquear un proyecto de ley que brinda un camino a la ciudadanía para los Dreamers”, dijo Biden. “No solo es lo correcto, también es lo inteligente para nuestra economía y nuestras comunidades”.
Una encuesta reciente realizada por el grupo liberal Immigration Hub y el equipo de encuestas demócrata Hart Research mostró que el 65% de los votantes encuestados en estados con elecciones legislativas competitivas este noviembre querrían que el Congreso otorgara alivio a los beneficiarios de DACA si el programa es anulado en los tribunales.
Aproximadamente el 80% de los beneficiarios de DACA nacieron en México, según muestran las estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina conforman las otras 10 principales nacionalidades inscritas en el programa.
Casi el 70% de los 611,270 inmigrantes inscritos en DACA al 31 de marzo tenían 30 años o menos, incluidos 17,070 beneficiarios menores de 21 años, según muestran los datos de USCIS.
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